Mahiques se venía desempeñando como vicepresidente de la IAP para la Región de América Latina. En su último discurso como tal puntualizó en las persecuciones que sufren los fiscales de Latinoamérica. “Quisiera aclarar que efectúo esta exposición desde el lugar que ocupo actualmente como Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, y como vice-presidente de la IAP para la región de Latinoamérica, región que como relataré a continuación, es testigo de numerosos hechos vinculados con aspectos que hacen a la seguridad de los fiscales y, por ende, con la independencia de los Ministerios Públicos”, dijo. En tal sentido detalló casos en Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador y Argentina. Sobre nuestro país mencionó que la Procuradora General Adjunta y Fiscal Anticorrupción de la Provincia de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, investigó a sectores vinculados al oficialismo provincial del ex gobernador (Sergio Uribarri) “y fue destituida por un Jurado de Enjuiciamiento constituido irregularmente con un órgano acusatorio ad hoc”. También habló de casos en Chile, Haití y Paraguay, pero no hubo otras menciones respecto de la Argentina. “Los hechos que acabo de mencionar son una muestra representativa de una problemática estructural con gravísimas consecuencias para toda la región de Latinoamérica: hoy en día, los fiscales que investigan al poder político, a organizaciones criminales o graves hechos de corrupción son amedrantados, ellos y sus colegas, perseguidos y destituidos irregularmente o bien amenazados y, en el peor de los casos, asesinados”, aseguró. Para Mahíques todas estas situaciones ponen en jaque “uno de los grandes pilares del sistema republicano de gobierno: la independencia judicial”. El mercedino mencionó que resulta absolutamente escandaloso un caso como tantos de los mencionados, “en donde se trató de argumentar que la destitución del fiscal para la impunidad resultaba una potestad libre del poder político y se invocaron causales vagas como el fortalecimiento institucional o la supuesta falta de confianza en el funcionario removido”. Para el ahora presidente de la entidad, “los procedimientos sancionatorios tienen que cumplir con estándares mínimos en materia de debido proceso legal, lo que exige – por ejemplo – la independencia e imparcialidad de los organismos sancionatorios, el respeto de la garantía del juez natural y también que se garantice el derecho de defensa de los fiscales. Pero esto es justamente lo que se incumple en la mayoría de los casos mencionados al principio de esta exposición: fiscales investigados y destituidos por órganos ad hoc”. Agregó que es preciso proteger a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, “frente a persecuciones bajo un ropaje de legalidad, como los procesos de destituciones, sanciones y remociones; y frente a amenazas y agresiones, en especial cuando provienen de grandes organizaciones criminales. Como se ha visto, en la región son estas dos grandes áreas en donde los ordenamientos jurídicos precisamente fracasan con una frecuencia preocupante: procedimientos sancionatorios ilegítimos, remociones infundadas, amenazas y hasta asesinatos”. Para Mahíques “ser fiscal en Latinoamérica es peligroso. Y este peligro, obviamente, incide en la autonomía y en el desempeño de los agentes fiscales, quienes por desempeñar fielmente sus funciones se ven expuestos a temer por sus empleos y no con poca frecuencia por sus vidas”.

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