Consideran que la modalidad será beneficiosa y que redundará en mejoras tarifarias para los usuarios. Destacan que los rechazos que ha tenido este sistema responden a intereses sectoriales de quienes tienen el monopolio del transporte. Detalles de la pretendida norma.

Un proyecto de ordenanza presentado por el Bloque de concejales de Juntos ha despertado preocupación y no tardará demasiado en generar un debate, con relación a plataformas digitales que permitan a los mercedinos contratar servicio de automóviles de modo digital. Un sistema similar a los que se conocen como Uber o Cabify, como los más destacados en el sector. La presentación aludida fue elevada para su consideración al Honorable Concejo Deliberante dado que el parlamento tiene las facultades de reglamentar el transporte en general y en especial, “los servicios públicos de transporte de pasajeros”. El proyecto propone un marco normativo para el desarrollo pleno en Mercedes de una modalidad de transporte de pasajeros “sumamente beneficiosa para la población como lo es la brindada mediante la intermediación digital entre el usuario y el conductor”. Invocan en los fundamentos el artículo 19 de la Constitución Nacional aduciendo que “todo lo que no está prohibido está permitido”. Por otro lado, se menciona que la CN garantiza la protección de los intereses económicos de los consumidores y de la libertad de elección de los mismos, “a la vez que ordena proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados a través de sistemas monopólicos”, aducen. En tal sentido aseguran que existen múltiples aplicaciones y plataformas digitales accesibles en dispositivos electrónicos al alcance de cualquier persona y que conectan directamente al usuario con prestadores de servicios o proveedores de bienes. En esa línea destacan que existen algunas que permiten conectar a los usuarios interesados en ir desde un punto a otro y a los conductores dispuestos a transportarlos, es decir el mismo sistema que las marcas conocidas como hemos mencionado anteriormente. “Las bondades de los servicios brindados bajo esta modalidad son varias y evidentes, la apertura del mercado de este tipo de transporte, redunda en una mejora de las tarifas para los usuarios (nuestros representados), existiendo asimismo mayor seguridad para el pasajero y el conductor en la medida que ambos conocen la identidad del otro con anticipación”, comenta el proyecto en sus fundamentaciones. Destacan además que se ampliarán las posibilidades de trabajo para miles de personas que pueden prestar el servicio “en formas que se adecuen a sus posibilidades y que hoy se encuentran excluidos del mercado laboral, creando muchas y necesarias fuentes de trabajo”. Otro beneficio que se invoca es que se ha comprobado que la presencia de empresas de redes de transporte reduce la circulación vehicular al optar muchos usuarios por una alternativa menos onerosa que el uso y mantenimiento de un vehículo, pero más flexible y cómoda que el transporte público tradicional.

Resistencia

No desconocen los impulsores de la iniciativa que “lamentablemente el desarrollo operativo de empresas de servicios de intermediación digital entre pasajeros y conductores se ha visto extremadamente dificultado, cuando no impedido, debido al rechazo de aquellos que, en forma egoísta, velan solo por sus intereses particulares y gremiales centrados en el monopolio y la apropiación del mercado solo para ellos, sin tener en cuenta los intereses de la inmensa mayoría de la población y del derecho ciudadano a contar con opciones para elegir”. Agregan que paradójicamente, dicha resistencia, “que ha apelado incluso a métodos de acción directa, ha encontrado eco en buena parte de la dirigencia política más proclive a la defensa de intereses sectoriales que a los de sus propios representados, es decir la ciudadanía”, dicen desde la bancada opositora. En tal sentido simplifican en que por un lado está el interés corporativo o sectorial que busca mantener limitada la oferta e impedir el ingreso de nuevos actores, y por el otro lado existe el interés de la mayoría de la población en general y de los usuarios en particular que brega por la posibilidad de materializar el derecho a elegir entre dos o más opciones, además, del derecho a trabajar y comerciar libremente dentro del marco normativo vigente.

Ordenanza

El expediente donde se plantea el proyecto de ordenanza, que se encuentra en las respectivas Comisiones, apunta a crear en Mercedes el Registro Municipal de Prestadores de Servicio de Transporte de Pasajeros mediante el uso de plataformas digitales. El articulado prevé que la inscripción será de carácter obligatorio para todo conductor que requiera prestar servicios utilizando plataformas virtuales y aclara que aquellos vehículos que ya se encuentren habilitados para prestar el servicio de transporte de pasajeros (tal el caso de taxis, o remises) podrán también anotarse en el registro debiendo dar cumplimiento a la totalidad de la norma en análisis. La pretendida ley municipal consta de 12 artículos relacionados con las condiciones que deberán cumplimentarse para inscribirse en este registro y la documentación que debería presentarse, entre otros aspectos.

Aseguran que el Concejo nunca respondió

Una petición particular había solicitado se declare ilegal el desembarco de “Uber”

Hace ya tiempo en el HCD local el tema se planteó, aunque aseguran quienes realizaron la petición en aquellos días, nunca obtuvieron respuesta. Allá por el mes de septiembre de 2019 se había presentado a modo de petición particular en el Cuerpo Deliberativo, un pedido de declaración de ilegalidad de empresas como Uber y Cabify, algo que se propone en la actualidad más de dos años después de aquella presentación. Aquel pedido formaba parte de una campaña nacional que impulsaba la Federación Nacional de Conductores de Taxis de la República Argentina. Señalaban que en provincias y ciudades como Córdoba, Rosario, Bahía Blanca, entre otros distritos, dicha ilegalidad había sido atendida. Por entonces también el escenario se agitaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por este tema. La petición remarcaba la necesidad del “sano cumplimiento de las ordenanzas municipales de taxis y/o de remises vigentes, más allá que comprendemos la necesidad de la actualización de los servicios a las nuevas tecnologías, entendemos que el Estado debe ser el garante máximo del bien común, y haciendo ejercicio pleno del control de la sociedad, dentro del marco de respeto a las instituciones democráticas, dicte armónicamente y en el marco proyectual, las normas a respetar en defensa irrestricta de los trabajadores y sus derechos formales en el marco de las leyes vigentes en materia de taxis y/o remises de nuestra localidad”. En el desarrollo del planteo les decían a los ediles que les estaban pidiendo acompañamiento en la defensa de la fuente de trabajo de los compañeros taxistas y remiseros y se opongan a medidas amañadas de desregulación laboral. En tal sentido buscaban un pronunciamiento del HCD para declarar actividad ilegal a las aplicaciones y plataformas como “Uber, Cabify y cualquier otra no homologada por el Municipio, solicitando se envíe copia a Concejos Deliberantes de la zona para que repliquen esta medida”. Si bien, como sucede con toda petición particular, la misma pasó a Comisiones, los impulsores de la presentación afirman después de un lapso prolongado, que nunca obtuvieron respuesta alguna.

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