(de la Redacción)

¿Pudo haber sido el Centro Cardiovascular el Vicentin mercedino? Es una pregunta que a la luz de los hechos no parecen tener similitudes aunque en muchos aspectos pueden encontrarse. Para fundar el interrogante es necesario hacer una serie de salvedades relevantes. Los propietarios del centro de salud no son ni por asomo lo que los dueños de Vicentin, ni mucho menos han sido acusados de lavado de dinero y negocios sucios en paraísos fiscales. Tampoco de haber sido favorecidos por créditos “amigables” del Banco de la Nación Argentina, nada menos que el banco de todos los argentinos en momentos donde no había recursos para nadie aunque sí se concedían a una firma que se había declarado en cesación de pagos. El Centro Cardiovascular de Mercedes no creció con el apalancamiento del Estado, no obstante eran sus mayores fuentes de ingresos las Obras Sociales del Estado: provincial IOMA y nacional PAMI. Sus directivos tampoco financiaban campañas para que los institutos le faciliten los tiempos de stress económico. La “cardio” comenzó a observar dificultades en sus balances y el rojo era cada vez más frecuente, hecho que tampoco se observó en los balances de Vicentin. Pero siguió el mismo camino que otras tantas sociedades en la Argentina. Primero un concurso de acreedores y posteriormente una quiebra. Sus activos no eran los mismos que los de Vicentin. Su quebranto desnudó problemas de liquidez y de solvencia. Y allí empezaron a aparecer las sombras más oscuras de las quiebras. Un inmueble de excelentes características físicas que había sido vendido antes de su “caída” y un listado de acreedores laborales que no solo perdieron sus fuentes de trabajo sino que también recibieron indemnizaciones misérrimas. Por delante les queda a esos trabajadores esperar la liquidación de los activos y repartir otra vez migajas que apenas alcanzarán para subsistir algunas semanas. Porque como suele suceder en el juego de la “perinola”, en las quiebras la cara visible es “Pierden todos”. Entre las acreencias de la Cardiovascular seguramente estará el Estado. El municipal por sus tasas y contribuciones, el provincial por los impuestos y el nacional por aportes a sus organismos previsionales y fiscales. Entonces aparece con mucha fuerza y visibilidad el concepto que hemos escuchado por estos días en el caso de la intervención y pretendida expropiación de la agroexportadora: la utilidad pública. Su aplicación tal vez hubiese permitido mantener en pie otro centro asistencial en nuestra ciudad y en rigor, podrían haberse mantenido los puestos de trabajo. Más tarde aún aparecería en escena un DNU que permitiría observar lo antes dicho con mejor enfoque. La pandemia mundial pondría a todo el planeta en crisis y el Gobierno nacional decretaría la emergencia sanitaria. Partidas nuevas para ampliar camas, compras respiradores y habilitar nuevos espacios para la atención de quienes puedan contagiarse la enfermedad. Entonces también aparecerá con claridad prístina algo más importante aún que la utilidad pública o la soberanía de cualquier naturaleza, que es el Derecho a la Vida. La casualidad quiso que a poco que los argentinos empezáramos a transitar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el hospital provincial con asiento en Mercedes presentara una cautelar para que parte de los activos de la Cardiovascular puedan utilizarse al servicio de la salud pública de todos los ciudadanos. Y la Justicia no dudó en hacer lugar con celeridad al planteo, precisamente invocando jurisprudencia de ese Derecho fundamental.                                                                          

En el caso del Cardiovascular las decisiones políticas; porque no se pudo, no se supo o no se quiso, no llegaron a tiempo. Puede que en el caso Vicentin la cuestionada decisión gubernamental haya encontrado el sentido de la oportunidad para garantizar algunos de los derechos que en el expediente de la “cardio” quedaron conculcados.

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