Presentó en la Cámara de Diputados de la Nación la incorporación de un artículo al Código Penal para llevar a una pena máxima de 4 años a quienes se resistan o desobedezcan la obligación legal de prohibición acercamiento. Entiende que pocos cumplen la restricción y muchos casos derivaron en femicidios.

El Diputado Nacional Carlos Selva presentó un proyecto de Ley en la Cámara Baja del Congreso Nacional que busca penar a quien desobedezca la restricción perimetral en casos de violencia de género. “Incorpórese como Art. 239 bis del Código Penal el siguiente: Art. 239 bis: Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años el que resistiere o desobedeciere la obligación legal de restricción perimetral o prohibición de acercamiento dictada por un funcionario público en el marco de una denuncia por violencia de género, con el objetivo de causar un daño en el cuerpo o en la salud de la otra persona”, dice escuetamente el citado proyecto que luego fundamenta. Selva señala que la presente iniciativa propone elevar la pena a quienes violen una restricción perimetral o prohibición de acercamiento dictada a raíz de una denuncia por violencia de género. “Si bien la modificación planteada es amplia en torno al género, la realidad es que surge a raíz de la grave situación que se vive nuestro país en materia de femicidios”, destaca. Remarca que en la actualidad, en los casos de violación de una restricción perimetral la pena aplicable es la que prevé el Art. 239 del Código Penal para los casos de desobediencia a una obligación legal, que prevé una escala penal de quince días a un año, “lo que ocasiona que sólo en casos excepcionales la violación de una prohibición de acercamiento conlleve una pena de prisión efectiva. En el peor de los casos esa violación deriva en un femicidio”. Destaca pues que las estadísticas en nuestro país son alarmantes. “Estadísticamente, sólo entre tres y cuatro de cada diez personas cumplen con las medidas de restricción perimetral, lo que evidencia no sólo la ineficacia de la medida, sino la inseguridad que eso conlleva para la víctima que ya realizó una denuncia y pidió protección del Estado”, añade.

Datos

Como datos oficiales, indica que el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina identificó 255 víctimas de femicidios en la República Argentina entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. Esta cifra incluye 4 travesticidios/transfemicidios. La tasa de víctimas directas de femicidios cada 100.000 mujeres en 2018 fue 1,1, idéntica a la de 2017. También se identificaron 23 víctimas de femicidios vinculados. Al sumar ambas categorías, la cifra de víctimas letales de la violencia de género en Argentina durante 2018 asciende a 278. “En esos casos, al menos 31 víctimas directas de femicidios obtuvieron medidas judiciales de protección. 24 de estas medidas se encontraban vigentes al momento del femicidio y 7 se encontraban vencidas. No debe perderse de vista que no se pudo obtener información sobre esta variable para 184 de las víctimas, por lo cual debe tomarse con recaudo esta cifra. Con respecto a las 40 víctimas restantes, no consta la existencia de medidas de protección. Sin embargo, con respecto a la variable “hechos previos de violencia” se contabilizaron 41 denuncias formales que habían realizado las víctimas contra los sujetos activos. Además de esta cifra, se identificaron otros 58 vínculos en los que existieron “hechos previos de violencia” que fueron constatados por otros medios obrantes en las causas judiciales. Recapitulando, de los 289 vínculos constatados en este Registro, 99 al menos presentaron “hechos previos de violencia”, destaca. “Como dato importante a tener en cuenta, las restricciones perimetrales se fijan generalmente acorde al domicilio de la víctima que denuncia la violencia de género”, agrega. El Observatorio de Violencia de Género “Ahora que sí nos ven” en su último informe para el año 2019 registró 327 femicidios, lo que equivale cerca de un femicidio cada 24 horas y sólo en el mes de diciembre hubo un saldo de 30 mujeres asesinadas. La entidad elaboró el informe mediante los datos recolectados en medios gráficos y digitales. “En el 67% de los casos, los autores de los crímenes son parejas o ex parejas de las víctimas. En el 63% de los casos, el asesinato se comete en la vivienda de la víctima, el 27% en la vía pública y solo un 5% en la vivienda del agresor. Asimismo, en el 54,9% de los casos hubo episodios de violencia no denunciados antes de la primera presentación judicial. En lo que va del año 2020, hubo 68 femicidios. “Es innegable que la medida propuesta no resuelve la problemática, pero resulta necesaria cuando los mecanismos previstos para proteger a las víctimas, como es el caso de la restricción perimetral, no son suficientes para garantizar su integridad. Cuando el violento violó el perímetro, significa que el Estado ya llegó tarde y lo que pretendemos con esta medida, es prevenir la fatalidad que puede derivar de esa ineficacia del Estado. Es evidente que resulta indispensable la fijación de criterios de política criminal que atiendan las circunstancias especiales que suponen estos casos, y la adopción de medidas de protección de la mujer víctima a fin de evitar consecuencias mayores y la reiteración delictual”, expone en los fundamentos del proyecto.

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