Los integrantes del máximo tribunal bonaerense realizaron  un fuerte llamamiento hoy a los jueces penales de la provincia para que reduzcan al mínimo posible la aplicación de prisiones preventivas con el objetivo de bajar la excesiva población carcelaria, que supera ampliamente la cantidad de plazas disponibles.

El viernes por la mañana, en el Instituto de Estudios Judiciales de La Plata, la Suprema Corte de Justicia concretó una reunión con magistrados de los distintos Departamentos Judiciales a los fines de tratar la situación de las prisiones preventivas en territorio bonaerense.

El encuentro fue encabezado por el titular del máximo tribunal, Eduardo De Lázzari, quien citó la Resolución 3341 del 11 de diciembre pasado, en la que la Corte calificó de “insostenible” la actual situación carcelaria, y citó precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que indican en qué casos aplicar las prisiones preventivas.

“De Lázzari ha sido muy terminante al decir que este estado de cosas es insostenible”, contó uno de los jueces que participó del encuentro y aseguró que “la doctrina es una sola y la prisión preventiva es excepcional”. “Hubo un llamado a la responsabilidad y un respaldo de la Corte a los jueces ante posibles escraches o juicios políticos”, amplió el magistrado.

Fuentes judiciales precisaron que los casos en que se pueden bajar los dictados de prisiones preventivas tienen que ver con delitos a la propiedad, que representan entre un 30 y 40% de las detenciones actuales, y de narcomenudeo, que significan alrededor del 11%. Sin embargo, desde la Corte no se fijó un porcentaje a alcanzar.

Junto al presidente del Tribunal estuvieron los ministros Daniel Fernando Soria, Luis Genoud, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani y Sergio Torres. También se hicieron presentes los jueces del Tribunal de Casación Penal de los 19 Departamentos Judiciales y autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y el Colegio de Abogados provincial.

La Suprema Corte había advertido días antes sobre la situación de los presos bonaerenses y dijo que las condiciones “tienden a agravarse en función de la elevada tasa de detenidos, el uso inadecuado de la prisión preventiva, las modificaciones en el Código Penal y las leyes procesales y las dificultades en el régimen de progresividad de ejecución de la pena, siendo todo ello susceptible de generar responsabilidad internacional del Estado argentino”.

De acuerdo a las cifras del Tribunal de Casación Penal, la cantidad de detenidos en cárceles y comisarías de la provincia asciende a 48.827. Las plazas disponibles son alrededor de 24.000, más 4.000 acondicionadas y otras 4.000 en comisarías (donde está prohibido alojar presos).

De acuerdo a los números que maneja el Gobierno, en los últimos cuatro años la población carcelaria creció a un ritmo de entre 4.000 y 5.000 presos sin condena por año, lo que generó una superpoblación inédita, de unos 20.000 detenidos más que la capacidad permitida.

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