La Defensoría piensa acudir a la Justicia por emergencias en ruta

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El rumor que se manejaba desde hace algunos días se convirtió en información oficial por intermedio de una denuncia del Defensor del Pueblo de la Provincia. Las flamantes concesionarias, como la de Ruta 5, no aportarán recursos a las comunas que deberán hacerse cargo de los gastos ante un siniestro.

La Defensoría denunció que las nuevas concesiones viales perjudicarán a los bonaerenses en general y por ende a los mercedinos en particular. Según lo publicado en el propio portal del organismo, por los contratos de Participación Público Privado (PPP), ahora deberán ser los municipios y no las empresas los encargados de los servicios de primeros auxilios sanitarios y de extinción de incendios en caso de producirse accidentes. “La Defensoría del Pueblo bonaerense denunció que los cambios que introdujeron los nuevos contratos de Participación Público Privado (PPP) en las concesiones de los corredores viales tendrán un impacto negativo en los bonaerenses, ya que las empresas dejarán de hacerse cargo de los servicios de primeros auxilios sanitarios y de extinción de incendios en estas rutas nacionales que atraviesan la provincia”, señalan. La nueva disposición determinó que, en caso de un siniestro en la ruta, serán los municipios en los que se produzca el hecho los que deban hacerse cargo de los servicios de emergencias que antes le correspondía a las empresas, lo que tendrá un claro impacto en las finanzas comunales. “Los municipios deberán enfrentar estos gastos, por lo que estamos ante una transferencia indirecta a los bonaerenses. Muestra la decisión del Gobierno nacional de no proteger a la gente y sí garantizarle los negocios a las empresas”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino. Esta medida alcanzará a los corredores viales A (Rutas Nacionales 3 y 226); B (RN 5); C (RN 7); E (Rutas Nacionales 193 y 9); 2 (RN 188); 8 (RN 8); 18 (RN 12); y Sur (Rutas Nacionales 3 y 205). Ante este escenario, la Defensoría envió notas a todos los municipios afectados y expresó su preocupación por el efecto que tendrá en la calidad de prestación de los servicios de salud y bomberos ante eventuales accidentes, además del costo que demandará estas prestaciones. “Pareciera que la única política del gobierno es ir en contra de los usuarios, por lo que analizamos presentarnos ante la Justicia para que se revea esta situación que golpea a los municipios y afecta a los ciudadanos”, puntualizó Lorenzino. La noticia que tomó estado público en las últimas horas ha generado preocupación en diferentes sectores de la comunidad.

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