El legislador acudió a la convocatoria efectuada por el magistrado que investiga la causa de los cuadernos de Oscar Centeno. El legislador había sido mencionado por José López. En el escrito negó haber participado en los hechos investigados y recordó su relación con el juez cuando estuvo en el Consejo de la Magistratura.
El Diputado Nacional Eduardo “Wado” De Pedro, presentó el pasado miércoles 26 de septiembre, un escrito ante el juez Claudio Bonadío en el marco de la causa de los cuadernos de Oscar Centeno. El dirigente mercedino había sido citado por supuestas declaraciones del arrepentido José López, ex secretario de Obras Públicas de la Nación. Según informó hace algunas semanas el diario La Nación el ex funcionario había relacionado a De Pedro con el supuesto financiamiento de una organización denominada Justicia Legítima. Según pudo saberse, la información era un trascendido de una fuente judicial. Poco después se supo, al observar la declaración de López original, que el ex funcionario hablaba de supuestos y de terceros. No obstante ello De Pedro asistió a la citación efectuada por el juez Bonadío y en el escrito el diputado negó haber “participado de ningún tipo de delito” y pidió que se disponga su sobreseimiento como así también la recusación del magistrado. “No existe, ni existirá, un solo elemento probatorio que indique algún grado de participación en los sucesos investigados. De eso estoy seguro…”, expresó ante los medios y en las redes sociales. Para De Pedro la “convocatoria a declarar como imputado nada tiene que ver con elementos objetivos de convicción sobre una presunta participación delictiva. La cuestión pasa por otro lado”. Tal como había hecho notar ocasionalmente, el legislador sostuvo que López, “nunca dijo haberme entregado dinero… López declaró estando privado de su libertad, con la necesidad de negociar con el fiscal y el juez los términos de su declaración para obtener algún beneficio como colaborador, lo que lo ubicó en un estado de completa vulnerabilidad”. En virtud de ello advirtió que se estaba lejos “de un testimonio brindado libre y voluntariamente; mucho menos objetivo, desinteresado e imparcial como para que sus manifestaciones sean valoradas por el juez como suficientes para mi convocatoria a prestar declaración indagatoria”. En su presentación a los tribunales, De Pedro reiteró que “no existe prueba ni motivo válido alguno para que el juez Bonadío me haya convocado a prestar declaración indagatoria ya que, como vimos, jamás cometí delito alguno…se trata de una clara revancha personal del magistrado por haber pedido su juicio político…”. Según allegados a De Pedro, cuando el diputado integró el Consejo de la Magistratura tuvo algunos desencuentros con Bonadío, “dispuso dos citaciones a indagatoria de Bonadío al organismo, en expedientes en los que era investigado y en ese contexto hasta se lo sancionó con una quita de su sueldo”, indicaron algunos medios como el caso del diario Perfil.
Argumentos y reflexiones
El diputado De Pedro dio a conocer a través de las redes sociales el escrito presentado ante el Juez, Dr. Claudio Bonadío. El mismo tiene una gran extensión donde de allí que extractamos sus consideraciones y reflexiones que cierran el mismo: “De las explicaciones y valoraciones aquí efectuadas quedan en evidencia dos verdades irrefutables. La primera, que no existe prueba ni motivo válido alguno para que el juez Bonadío me haya convocado a prestar declaración indagatoria ya que, como vimos, jamás cometí delito alguno y, en este caso en particular, no obra en la causa ningún elemento que permita siquiera sospechar de que pude haber tenido algún tipo de intervención en los hechos investigados, ni en ningún otro. La segunda verdad irrefutable (que guarda relación con la primera), es que esta convocatoria es una clara revancha personal del juez Bonadío contra mi persona en virtud de los conflictivos en los que ha transitado ante el Consejo de la Magistratura y en los que me ha tocado intervenir como miembro de dicho cuerpo, oportunidad en la que, como bien recuerda Bonadío, promoví su juicio político al votar su citación en los términos del art. 20 del RCDA y su sanción de reducción de sueldo (todo ello con anterioridad al inicio de esta causa, tal como se encuentra desarrollado en el escrito de Recusación, que en este acto también presento. Lamentablemente, la revancha personal del juez Bonadío se trasladó a este expediente en el que, sin lugar a dudas, no existe mérito alguno ni siquiera para convocarme a prestar declaración indagatoria y, mucho menos aún, para mantenerme sometido a este proceso. Aspiro a que, con apego a la ley y habiendo ya logrado el Dr. Bonadío el desprestigio mediático que significa mi comparecencia a este tribunal, el juez que toque intervenir disponga, sin mayores dilaciones, mi sobreseimiento por no haber cometido delito alguno. Recuerde Señor Juez que cuento con el derecho a obtener un pronunciamiento que, definiendo mi posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre que comporta el enjuiciamiento penal. Por último, me permito traer a colación las advertencias de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a: Que resulta necesario llamar a la reflexión a los jueces y fiscales de las instancias inferiores intervinientes en causas de significativa repercusión como la presente sobre la necesidad, frente a una opinión pública – sea formada espontáneamente u orientada por los medios masivos de comunicación – particularmente sensible ante hechos, reales o supuestos, de corrupción administrativa, de extremar la atención en el encuadramiento legal de los hechos imputados a funcionarios o ex funcionarios. Pues resulta irreparable el daño producido por la ligereza en la apreciación de tales hechos al crear expectativas públicas de punición que, en caso de quedar luego desvirtuadas, alimentan sospechas o interpretaciones torcidas o aun malévolas sobre la intención de los órganos judiciales que en definitiva hacen respetar el ordenamiento jurídico. Nada se resuelve creando delitos de la nada ni buscando el tipo penal que permita el procesamiento con efectiva privación de la libertad para luego acomodar los hechos a la figura, invirtiendo así el orden lógico del razonamiento. Demasiados problemas han ocasionado a la República las represiones ilegales del pasado para que ahora se intente la represión de los delitos contra la administración o que perjudiquen el erario público por caminos aparentemente revestidos de legalidad pero en definitiva ilegales, como que motivan la intervención de esta Corte por la vía que debería ser excepcional de la arbitrariedad, con el agravante de provenir de los encargados de asegurar el imperio del derecho y la consiguiente paz social. No es cuestión de satisfacer a la opinión pública presentándose como adalides de la lucha contra la corrupción administrativa sino de aplicar rigurosamente el ordenamiento jurídico sancionando mediante la utilización de los medios legítimos suministrados por el derecho a aquellos que lo violan. La claridad de la reflexión me exime de mayores comentarios. Sobran las palabras.”
