En cada distrito tiene problemas particulares que se suman a los existentes en términos generales. El Dr. Guido Lorenzino no anduvo con demasiados rodeos e hizo mención a la ausencia del Estado provincial y nacional. Habló de irresponsabilidades en determinadas decisiones.
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires recorre el territorio bonaerense y en cada distrito que pisa lo llenan de reclamos. Admiten desde el organismo que pocas veces desde su existencia tienen tantas solicitudes concretas para defender aspectos en los que se considera que el Estado tanto nacional como provincial, “está ausente”. Hay aspectos generales y particulares de cada localidad. El Dr. Guido Lorenzino llegó a Mercedes el pasado miércoles y ya en su agenda traía temas generales que presumía iba a escuchar de boca del intendente Ustarroz, tales como Fondo Sojero, tarifas, cuenca del río Luján o vacunas. Pero también tenía en claro que otros como el caso de la Avenida 2, que son los particulares, iban a llevarse como tarea para el hogar. Tras el encuentro que mantuvieron el jefe comunal y el defensor, reunión de la que también participó el representante local del organismo, Dr. Fernando Florella, realizaron una conferencia de prensa, tan extensa como interesante.
Ausente sin aviso
Tras las presentaciones del caso y sin demasiados rodeos, el Dr. Guido Lorenzino, iba a dejar en claro el tono de la charla con el periodismo. “La ausencia del Estado provincial y nacional en las políticas más fundamentales como es la salud pública, la inclusión, la obra pública es verdaderamente notable. Tenemos un Estado nacional que ha saldado a favor de los poderosos las decisiones, en los cuadros tarifarios ha sido muy claro, toda la carga es de los usuarios y los vecinos que tienen que pagar las tarifas para que las empresas no hagan las inversiones que deben hacer”. Afirmó Lorenzino que “todo eso conlleva a que los intendentes tengan que resolver cada vez más problemas con menos recursos, ya que se recortan fondos, por ejemplo, el Fondo Sojero, que tienen impacto directo en cada comunidad”. Se le consultó en tal sentido qué fuerza podía tener su organismo para que esas situaciones se puedan modificar. “La Defensoría del Pueblo no hace magia pero sí es un ámbito institucional del Estado para acompañar reclamos concretos y genuinos como lo es lo de la cuenca, que en dos años y medio se han dispuesto recursos pero no se ha hecho ninguna obra… el tema de la meningitis que la verdad me gustaría que el ministro a días de haber hecho el anuncio no ha dado ninguna explicación coherente, no sabemos si es un problema presupuestario, epidemiológico, una decisión sanitaria, no lo sabemos, lo que sí sabemos es que los chicos de once años no tienen más una vacuna obligatoria”, enfatizó.
Irresponsabilidad
Para el Defensor del Pueblo de la provincia no hay que dar demasiadas vueltas para definir un escenario como el que se presenta. “Cuando las decisiones no se explican y generan consecuencias yo lo llamo irresponsabilidad. Y creo que hay mucha irresponsabilidad de los funcionarios a la hora de no explicar las decisiones que toman. Por ejemplo, la obra de la Ruta 5 que impacta en la comunidad de Mercedes y no se termina, se finaliza la parte más fácil y todo el resto no se hace… Por estos motivos, lo que estamos haciendo es construir una agenda real sobre los problemas que los intendentes van viendo, para poder ser una voz más que reclame, potencie y visibilice todas estas problemáticas. Nosotros vamos a acompañar los reclamos concretos. Obviamente que la decisión depende de la política pública, nosotros nos enojamos por los aumentos de tarifas porque no son razonables ni proporcionales, pero la decisión es una política pública del Gobierno nacional de dolarizar el valor de la energía. Nosotros fuimos a la Justicia, pero la misma hoy depende del poder político, la Justicia mira la política antes que la gente. Por eso, desde nuestro lugar alertamos y damos las peleas, aunque muchas veces no obtengamos los resultados que queremos” subrayó.
Fondo Sojero
Lorenzino mencionó además el recorte abrupto del fondo sojero por parte del Gobierno nacional “esa decisión impacta directamente en plata que ya estaba presupuestada, en obras que ya estaban presupuestadas y no se van a poder pagar porque de buenas a primeras se tomó una decisión que puede ser legal, pero es absolutamente ilegítima. Por ese motivo, acompañamos el reclamo a la Justicia que es la que tiene que resolver cuando algo es incorrecto, es una limitación de un derecho que afecta a muchas comunidades. Espero que la Justicia esté a la altura de las circunstancias y falle a favor de la gente”.
