Un especialista en Derecho Ambiental se presentó en la causa para que se incorpore a los vecinos de La Verde como particulares damnificados. El Dr. Fabián Maggi habló de las responsabilidades municipales y provinciales en el caso. “Hemos apreciado gravísimas irregularidades en el expediente penal”, reveló.

A poco menos de dos meses de sucedido el incendio de la planta de agroquímicos que funcionaba en La Verde, vecinos de la zona buscan que las causas judiciales avancen en la búsqueda de las responsabilidades tanto penales y civiles que se relacionan con el hecho. Hace escasos días atrás, un letrado en representación de los pobladores de la zona llevó adelante algunas tramitaciones en el Poder Judicial. Concretamente el abogado Fabián Maggi, reconocido profesional en materia de Derecho Ambiental, confirmó que había estado hace pocos días en un Juzgado de Garantías, “examinando detenidamente los dos cuerpos que tiene el expediente penal, hemos corroborado las sospechas que había en cuanto a que el caso está envuelto en una serie de graves irregularidades”. La entrevista tuvo lugar en el programa Parte del Aire que se emite de lunes a viernes en FM Santa María. El profesional reveló que las irregularidades son esencialmente administrativas, falta de control adecuado, “que finalmente terminaron en esta tragedia ambiental y social que costó la vida de una persona. Esas irregularidades tienen que ver con la habilitación tanto municipal como provincial y al control del funcionamiento de la empresa”, añadió. En sus declaraciones el abogado aclaró que tanto municipio como provincia tienen responsabilidades comunes en estos casos, “el ordenamiento del territorio, el control primario, lo tiene el municipio. De hecho este tipo de empresas inicia el trámite de habilitación en el municipio para que le indique si la zona donde se va a instalar es apta o no para tal fin. También el municipio tiene el control sobre la Seguridad e Higiene, de hecho cobra un impuesto (sic) por ello. Entonces tiene que inspeccionarla, es más, en la causa penal hay un documento que hemos tomado vista, una actuación municipal de 2018 donde dice que la empresa Sigma cumplía con todos los requisitos de seguridad e higiene, que no había ningún impedimento para que la empresa funcione, los hechos mostraron todo lo contrario”, destacó en la mañana de la radio de la Arquidiócesis.

Causa Penal

El Dr. Maggi dijo que la causa penal estaba en una etapa muy inicial, “y a nuestro entender tiene que cobrar una dirección distinta a la que ha tomado, que de a poco va tomando ese rumbo. Después de la intervención de la UFIMA, que es la unidad fiscal de Nación especializada en delitos ambientales, determinó que deben investigarse los delitos penales como los incumplimientos de los deberes de funcionario público”. La investigación la lleva adelante el Ministerio Público Fiscal y los vecinos, por intermedio de su abogado, pidieron ser contemplados como particulares damnificados. Esa decisión debe tomarla el Juez de Garantías. “A nosotros nos ocupa en esta primera instancia la cuestión penal… y me gustaría señalar que es necesario destacar las graves irregularidades de los funcionarios del OPDS que son los mayores responsables, porque si bien el municipio tiene sus responsabilidades, es justo reconocer que el OPDS es la autoridades de aplicación específica. Y la verdad que hemos apreciado gravísimas irregularidades. No deja de sorprendernos la precariedad con que estaba funcionando esa empresa”, sostuvo. Mencionó en tal sentido que en la causa hay constancias y faltantes. “La empresa no agregó el certificado de aptitud ambiental que es el documento básico, si ese documento no existe el OPDS debe clausurarla inmediatamente y tenemos entendido que esta empresa funcionó durante más de seis años sin ese documento. Si tienen ese documento no se entiende como no lo acompañaron en la causa penal. Tampoco han agregado el seguro ambiental obligatorio para cubrir este tipo de desastres. Lo único que hay como documento ante el OPDS es una declaración jurada que habla de una empresa que produce pastillas de cloro y algún tipo de accesorio más, pero no hay constancia que en el OPDS hayan aprobado una empresa de estas características”, sentenció. Agregó que tanto los funcionarios provinciales como los municipales, tienen la obligación de fiscalizar el funcionamiento de la empresa en forma periódica, “no cumplir con eso es incumplir con los deberes de funcionario público… lamentablemente debemos decir que los funcionarios han ido a la empresa pero no han visto lo que han tenido que ver”. El abogado sostuvo que el caso Sigma es un hecho que se repite en distintos puntos del país en cuanto a conflictos ambientales, “pero la particularidad de Sigma estuvo en anonimato en provincia pero al tener un siniestro la exhibió tal cual como estaba y dejó al desnudo todas las irregularidades. La empresa funcionaba sin un adecuado control estatal”, concluyó.

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