Es un incremento que se había postergado en agosto. La mandataria provincial autorizó para que se implemente en 2020. Pero el titular de la Defensoría del Pueblo sostuvo que la gobernadora no tiene legitimidad para hacerlo e hizo una presentación ante el OCEBA y la Dirección de Energía.

Los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires tendrán este verano una energía eléctrica más costosa. El Gobierno provincial de María Eugenia Vidal autorizó a escasos días de haberse concretado las elecciones, un incremento de 25% en las tarifas de electricidad de las empresas prestadoras que operan en el ámbito bonaerense. El mismo regirá a partir del próximo 1 de enero de 2020. “Se trata del aumento que debía aplicarse en agosto de este año pero que se postergó por decisión de la mandataria”, aseguraron algunas fuentes del Estado provincial. Las nuevas tarifas entrarán en vigencia a poco de haber comenzado su mandato el ex ministro Axel Kicillof. La actualización de los cuadros tarifarios de las distribuidoras Edelap, Edea, Eden y Edes, y las 200 cooperativas que operan en el territorio bonaerense se dispuso a través de la Resolución 1.713 del Ministerio de Infraestructura bonaerense. El incremento regirá desde el 1 de enero de 2020, los usuarios residenciales pagarán $3,53 el kilowatt hora, contra los $3,20 que se pagan actualmente, mientras que los cargos fijos se incrementarán más de 40% para ubicarse en $121,26 para usuarios residenciales. En la resolución se precisa que a partir de esa misma fecha se continuará aplicando el Incremento de Costos Tarifarios (ICT) – pérdidas por inflación y devaluación del peso – hasta que se recuperen las diferencias no obtenidas por el periodo 1° de enero al 31 de diciembre de 2019.

Ilegítimo

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, realizó una presentación administrativa ante el OCEBA y la Dirección Provincial de Energía para frenar el aumento del 25% en las tarifas de electricidad que habilitó María Eugenia Vidal al considerar que ahora “el Gobierno no tiene legitimidad para tomar este tipo de medidas”. “El Gobierno nunca comprendió que estas decisiones dejaron a la Provincia al borde del colapso. Ahora, con los resultados electorales sobre la mesa, el nuevo tarifazo representa una decisión política irresponsable: una administración que se va en diciembre tiene que convocar a todos los sectores para tomar decisiones que impactarán en la próxima gestión”, sostuvo Lorenzino. En ese sentido, el Defensor del Pueblo explicó que para los bonaerenses fue muy complejo hacer frente a las políticas tarifarias implementadas desde el año 2015. “Los aumentos fueron del 4.000% y ahora se quieren despedir con  otra suba de fuerte impacto… la gente cobra en pesos y paga servicios públicos dolarizados en un contexto de inflación galopante. Está más que claro que los trabajadores no pueden hacer más esfuerzos”, destacó. «Siempre nos opusimos a la política de servicios públicos del Gobierno porque entendimos que sólo beneficiaba a los empresarios a costa del bolsillo de todos los bonaerenses. Este tarifazo de despedida confirma que nunca comprendieron que las políticas que implementaron fueron nocivas para todos los sectores productivos y sociales de la provincia”, puntualizó Lorenzino.

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