Se conocieron detalles de la posición adoptada por el Ministerio Público Fiscal en el caso de Juan Díaz. El manejo de los tiempos y detalles de los argumentos. El municipio evalúa una especie de apelación. Un fiscal concluye en que fueron cuestiones de índole política más que jurídicas.

El caso de Juan Díaz y su presunta vinculación con aquel intento de usurpación, ha tenido mayores derivaciones durante la semana anterior, especialmente después de la conferencia de prensa de Juntos por el Cambio y la respuesta, esta vez solitaria, del propio Intendente Municipal. Esas derivaciones a las que hacíamos referencia tienen que ver con diferentes aspectos: el manejo de las fechas o los tiempos, el texto de lo resuelto por el Ministerio Público Fiscal y la posibilidad concreta que el municipio le pida a los fiscales que revean lo dictaminado, obviamente ofreciendo argumentos los cuales hasta el momento no se conocen. Una fuente vinculada a la comuna hizo notar a algunos medios que había que dejar en claro que la causa no se había “archivado”, sino que se había desestimado, “aunque puedan sonar parecido no son lo mismo”, dijo por lo bajo a este medio. Pero para atender esas cuestiones de las derivaciones, comencemos por el tema fechas. La conferencia de prensa en el Palacio Municipal aconteció un 30 de julio y el Ministerio Público tuvo en sus manos días después los audios y hasta los recortes de los medios periodísticos donde se daban cuenta de este tema. Un fiscal la toma y el 7 de agosto decide que lo planteado no estaba dentro de los delitos que habitualmente investigaba esa UFI (ver aparte). En efecto, las autoridades del Ministerio Público atienden el reclamo y pasan el caso a la UFI en turno al momento de presentar las acciones, la que define el caso el día 26 de agosto. Aquí aparece el fuego cruzado entre las fuerzas políticas. Mientras Cambiemos acusa al Ejecutivo de haber dado a conocer los hechos a pocos días de las Primarias para buscar un efecto político, desde el oficialismo entienden que ya tenían esta información desde hacía más de quince días y esperaron la cercanía de la General para pagar en igual moneda. Lo sorprendente del caso es que en las oficinas del área de Legales del municipio no se conocía esta resolución. “Lo supieron ellos antes que nosotros”, decía visiblemente molesto un funcionario municipal.

Resolución

Como hemos hecho notar cuando hablamos de las fechas, los documentos oficiales a los que tuvo acceso Protagonistas, indican que ese 7 de agosto, el fiscal Luis Antonio Baraldo Victorica, consideró que los hechos denunciados excedían la nómina de los delitos asignados a su Unidad Funcional de Instrucción y pidió que se asigne a la UFI afectada al sistema de turnos. El Fiscal General Adjunto Leandro Marquiegui, sostuvo que asistía razón al planteo y dio intervención a la UFI 6 que es la que resuelta con posterioridad. Lo hizo hacia fines de agosto. En tal sentido el fiscal Luis Carcagno entendió que “al menos por ahora no resultaban suficientes e idóneas” las circunstancias para configurar el tipo penal de instigación a cometer delitos. Tras esgrimir una serie de fundamentos que quedan expresados en dos carillas, el fiscal destaca que si bien se presume que el autor de los audios es Juan Díaz, “no se había constatado fehacientemente la identidad de los sujetos que participan de la conversación, denotando claramente toda esta situación una cierta connotación de índole política más que jurídica”. Aclara la existencia del expediente principal (IPP Nº 11451-19), donde en su caso se podrá investigar si existió alguna participación por parte del sindicado (Juan Díaz). En definitiva resolvió desestimar “el presente proceso penal”. Desde el municipio se estaba elaborando una especie de apelación, que para el caso es la solicitud de revisión del pronunciamiento antes detallado.

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