Se trata de una resolución del OPDS que fue publicado en el Boletín Oficial del pasado jueves. Cumpliendo con aspectos de rango constitucional de la provincia, destacan que se debe garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y participar de esos trámites.

Una reciente resolución de la Provincia de Buenos Aires potencia la participación de entidades y particulares en la previa de las autorizaciones de impacto ambiental. En concreto, la Resolución 557 del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable que fue publicada en el Boletín Oficial del día 24 de octubre, destaca que el artículo 28 de la Constitución de Buenos Aires establece que la Provincia, en materia ecológica, deberá garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales. Marca que el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo establece que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”. En tal sentido menciona que el artículo 19 de la Ley General de Ambiente N° 25.675 establece que toda persona tiene derecho a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia  general o particular, y de alcance general. A tales efectos, el artículo 20 de la citada ley consagra el deber de las autoridades de institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente, y establece que la opinión u objeción de los participantes no será vinculante, pero en caso de que las autoridades presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública, deberán fundamentarla y hacerla pública.

Participación

El Organismo Provincial resulta autoridad de aplicación en materia ambiental en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, siendo de su competencia planificar, formular, proyectar, fiscalizar, ejecutar la política ambiental y preservar los recursos naturales, y asimismo resulta Autoridad de Aplicación de las leyes referidas a estos aspectos. Añade la información que el artículo 18 de la Ley Nº 11.723 dispone que “Previo a la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental, la autoridad ambiental que corresponda deberá recepcionar y responder, todas las observaciones fundadas que hayan sido emitidas por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas interesadas en dar opinión sobre el impacto ambiental del proyecto. Asimismo, cuando la autoridad ambiental provincial o municipal lo crea oportuno, se convocará a audiencia pública a los mismos fines”. Es decir se contempla la instancia de participación ciudadana en el procedimiento de evaluación del proyecto, cuya convocatoria podrá hacerse válidamente a través del portal web oficial del OPDS. Tras la cita de otras fundamentaciones legales, el Director Ejecutivo del organismo resolvió establecer que los procedimientos de participación ciudadana de consulta pública o audiencia pública dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental para la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) prevista en la Ley N° 11.723 o del primer otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) – Fase 2, establecido en la Ley N° 11.459 correspondiente a los nuevos establecimientos industriales a radicarse en el territorio de la provincia de Buenos Aires, deberán informarse públicamente y sustanciarse por medio de la página web de este organismo (www.opds.gba.gov.ar). En uno de sus artículos establece que la opinión u objeción de los participantes no será vinculante para este Organismo Provincial, pero deberá ser tenida en cuenta en el informe técnico con el que concluya el proceso de evaluación.

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