Tras el encuentro entre autoridades del SPB y Magistrados del Departamento Judicial, el Dr. Camilo Pettiti, analizó la situación imperante en una charla radial. Se refirió a los inconvenientes que genera el exceso de población y habló de las pulseras para monitoreo electrónico, entre otros aspectos.

La semana anterior hemos dado cuenta de la reunión llevada adelante en Mercedes entre magistrados del fuero Penal del Departamento Judicial Mercedes y el titular del Servicio Penitenciario Bonaerense, Dr. Xavier Areses, quien estuvo acompañado en la oportunidad por la Dra. Verónica Monzón, directora del Instituto de Clasificación del SPB. Para abundar en mayores detalles el vicepresidente del Colegio de Magistrados departamental, el Dr. Camilo Pettiti, realizó declaraciones en el programa radial “Otro Lunes” de FM Santa María. “Sabemos que lo que busca la propia ley, en la etapa de ejecución de la pena, es la resocialización, eso lo establece la ley… y claro por un lado el exceso de la población conspira en alguna medida importante contra este fin. Principalmente son dos las cuestiones que impactan en esa esfera: una es el aumento de la conflictividad entre los propios internos, dada la cantidad de personas que alojan los pabellones, y el otro punto es que no puedan realizarse tratamientos tan efectivos como deberían ser, dado que el acceso a la educación y el trabajo queda restringido al haber muchas más personas alojadas que la capacidad que tienen las escuelas o los talleres”, destacaba. El funcionario judicial, al ser consultado sobre que podían hacer los magistrados para mitigar esta situación, respondió, “los jueces tienen que dictar resoluciones justas, obviamente los jueces también tienen funciones establecidas en la etapa de ejecución, obviamente tienen que garantizar que la pena se cumpla en condiciones que sean compatibles con la dignidad de las personas”. Aclaró Pettiti que desde el año 2012, la Suprema Corte, creó una Subsecretaría de los Derechos de las Personas Privadas de su Libertad y en cada departamento judicial existe un comité de seguimiento integrado por el presidente de la Cámara Penal, el Fiscal General y el Defensor General. En tal sentido los jueces visitan al menos una vez cada dos meses, la Unidad 5, las Comisarías de los diferentes distritos y los centros de contención de menores. “A partir de ello se elabora un informe, realiza una síntesis destacando cuáles son los puntos de mayor conflictividad, eso va a La Plata y esa Subsecretaría coordina con el Poder Ejecutivo los reclamos en cuestión.  En la Unidad Penal de Mercedes se lograron algunos avances, aunque el hacinamiento o superpoblación no ha podido subsanarse.

Pulseras

Existen algunas soluciones posibles para que las unidades no alojen tantos internos y una de ellas puede ser el cumplimiento de prisión domiciliaria por parte de algunos justiciables. Pero también en este punto las cosas no resultan tan fáciles. El Dr. Camilo Pettiti admite que hay riesgos que pueden neutralizarse con una prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. No obstante, durante la reunión de los magistrados con las máximas autoridades del SPB, se supo que hay capacidad para controlar 2 mil pulseras y por la falta de las mismas, o bien la incapacidad de garantizar los controles, hay una lista de espera que llega a las 150 personas. Mientras tanto esas personas esperan hasta que “haya una pulsera disponible”, es decir una especie de vacante. Señalan que mientras tanto el plazo de esa espera es de aproximadamente un mes. “El Estado de la provincia de Buenos Aires tiene una capacidad del sistema para tener unas 2000 mil personas monitoreadas en sus domicilios, dijo el jefe del servicio que están trabajando para ampliarlo”, aseguró en declaraciones radiales. Pero también existen otros aspectos que fueron tratados como la libertad condicional, libertad asistida o salidas transitorias. Alguna de estas herramientas depende de los informes que se realicen en el servicio para demostrar si el diagnóstico de reinserción social del penado es favorable. Y en ese camino se encuentran con otros inconvenientes que ya habíamos mencionado líneas arriba y tiene que ver con los cupos existentes para estudiar o trabajar. Por eso los magistrados e integrantes de Defensoría, entre otros puntos solicitaron que en los informes se dejen constancias que existieron ofrecimientos de participar de algunas actividades y la persona se negó a ello, “porque no es lo mismo quien desea estar inserto en ese tipo de dispositivo y no lo puede hacer por falta de cupo, a quien tiene la posibilidad y no la aprovecha… La valoración es distinta”, dijo Pettiti quien considera que para solucionar estos problemas hacen falta políticas públicas a largo y mediano plazo que puedan sostenerse en el tiempo.

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